El Gobierno insular repartirá cerca de tres millones de euros a los ayuntamientos.
El Cabildo de Gran Canaria comenzará a transferir las ayudas económicas del plan de choque contra la pobreza a los 21 municipios de la isla a principios de septiembre, según ha avanzado este jueves 6 de agosto el presidente en funciones de la corporación insular, Ángel Víctor Torres.
Los concejales del área de servicios sociales de los 21 ayuntamientos de Gran Canaria y representantes de Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos y la Asociación Manos de Esperanza y Vida se han reunido hoy en la sede del Cabildo para establecer conjuntamente los criterios en la concesión de las ayudas.
La consejera de Política Social del Cabildo, Elena Máñez, ha destacado que esta coordinación es importante para evitar duplicidades en la aprobación de la ayuda y conseguir que estas partidas lleguen al mayor número de personas necesitadas.
Por ello, la consejera ha apuntado que se hará un seguimiento y se convocarán reuniones periódicas, la primera de ellas el 15 de septiembre: “Haremos un seguimiento periódico para evitar desviaciones”, ha asegurado.
El Gobierno insular repartirá cerca de tres millones de euros a los ayuntamientos, de los cuales 700.000 euros los gestionarán directamente los servicios municipales y el resto se ejecutará a través del Cabildo, ha precisado Torres.
Máñez ha reconocido que determinados ayuntamientos han declinado esta tramitación por “agilidad”, ya que consideran que el Cabildo gestiona este tipo de ayudas de manera más rápida.
También ha señalado que algunas ordenanzas municipales “restrictivas” no reconocen determinadas situaciones de emergencia social, como ayudas al alquiler y, en estos casos, deberá ejecutarlas el Cabildo.
Las partidas presupuestarias de este plan se distribuirán entre los municipios en función de la población necesitada de cada uno.
El vicepresidente ha considerado que “es importante” que este trámite se gestione a través de los ayuntamientos porque “son ellos los que tienen los datos objetivos”.
Máñez también ha resaltado que los servicios municipales siguen siendo la puerta de entrada para optar a estas ayudas y ha explicado que serán estas áreas las que deberán hacer el primer informe social, independientemente de que las ayudas las tramite el Cabildo.
El Cabildo abonará las ayudas de este plan contra la pobreza en un plazo máximo de 20 días, a contar desde el momento en que reciba la solicitud de los ayuntamientos.
Máñez no ha podido precisar el tiempo que tardarán los ayuntamientos en tramitar estas solicitudes, una tarea que se pretende que sea ágil para que no se pierda el sentido de “emergencia social”, de ahí que se prevea reforzar los servicios municipales, sobre todo los que atienden a más población, que son los que tienen mayores dificultades y necesidades sociales.
Fuente: EFE.
