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El Pleno extraordinario de Salud Mental del Cabildo de Gran Canaria concluyó hoy con el apoyo unánime a la necesidad de erradicar la estigmatización de la enfermedad mental porque genera vergüenza y culpabilidad en los pacientes, lo que les hace más daño que la propia enfermedad.
Los asistentes al pleno presidido por Antonio Morales, más de un centenar de personas entre usuarios y representantes de la sociedad civil, reclamaron “desiquiatrizar” la enfermedad y que la población conozca su dolencia como forma de acabar con sus prejuicios.
“Los enfermos sufren una doble dificultad, la enfermedad y la discriminación por padecerla”, denunció el presidente del Cabildo de Gran Canaria, quien junto a la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Máñez, se comprometió a ponerse “en el zapato de quien padece una enfermedad mental y de las familias para avanzar juntos hacia la plena inclusión”.
Para ser “cómplices y partícipes”, anunció Morales, “este pleno se celebrará todos los años” para poner de relieve las necesidades del colectivo, aunque se trabajará por atenderlas cada día, por lo que su representante, Andrés Mendoza, agradeció el acto, sobre todo, “por el efecto que tiene en las familias”, que atraviesan situaciones desalentadoras.
El Instituto de Atención Social y Sociosanitario del Cabildo ha evaluado los dispositivos insulares para la atención a personas con enfermedad mental y ha detectado necesidades como la implantación de un servicio de apoyo social y comunitario, el incremento de plazas de alojamiento alternativo y residenciales, o la promoción de campañas anti estigmatización y de inclusión, explicó Elena Máñez, por lo que solicitará cubrir esas necesidades en el Convenio de Dependencia con el Gobierno canario en 2016.
Los dispositivos sociosanitarios del Cabildo se desarrollan en coordinación técnica con equipos multiprofesionales del Servicio Canario de la Salud. Son un centro de rehabilitación psicosocial (340 usuarios), un servicio de alojamiento alternativo, con pisos y pensiones tutelados (139 usuarios), miniresidencias de salud mental (162 usuarios), y un programa de inserción laboral (90 usuarios).
El presidente de la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales, (ASFAES), Andrés Mendoza, agregó que en Canarias hay 40.000 personas con enfermedad mental pero la mitad no está atendida y pide que los enfermos sean tenido en cuenta como ciudadanos de pleno derecho y no como demandante de recursos.
En cuanto a la atención, explicó que la naturaleza de la enfermedad precisa que haya continuidad porque sin vacíos entre el paso de un servicio a otro garantizó que se logra la plena integración de los enfermos.
Antes que apostar por más centros y personal, prosiguió, es urgente reorganizar lo existente, que es “digno pero insuficiente”, aunque reconoció que en veinte años de lucha “se ha conseguido mucho”. Eso sí, los servicios deben estar a disposición de los enfermos y no al revés, apostilló.
Mendoza aseguró que hasta el momento “se ha trabajado en el marco de la autocomplacencia de los políticos mientras los enfermos y familias permanecen sin recibir atención”, si bien aseguró que con el Cabildo grancanario y el Ayuntamiento capitalino están ya “en el buen camino” y vaticinó la reconducción de la situación con el Gobierno canario y el resto de las instituciones.