El pleno del Cabildo de Gran Canaria aprobó el pasado 1 de julio por unanimidad solicitar al Gobierno canario y estatal que modifiquen las leyes que sostienen la patologización de la identidad de género para que dejen de considerar la transexualidad como un problema de salud mental.

 

El respeto efectivo a estos derechos implica que cada persona debe tener la facultad de escoger de manera autónoma sus opciones vitales sin ningún tipo de intromisión o interferencia, para lo cual es imprescindible que las leyes dejen de tratar a la persona transexual como a una enferma, destaca la moción aprobada a instancias del grupo de gobierno. 

 

En consonancia con el posicionamiento institucional aprobado, el Cabildo insta por tanto al Gobierno y al Parlamento de Canarias a que reforme la Ley 8/2014, de 28 de octubre de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales a fin de suprimir de la legislación canaria las previsiones que todavía evidencian una concepción patologizante de las identidades  trans. Del mismo modo, solicita que en la elaboración de los nuevos protocolos de Sanidad y Educación descarte el concepto de “disforia de género”.

 

En cuanto a las leyes de ámbito estatal, el Cabildo insta al Gobierno y Parlamento regional a que solicita a las instancias estatales a la actualización de la Ley 3/2007 de Identidad de Género, despatologizando y contemplando la realidad trans en menores, inmigrantes, refugiados o cualquier grupo de personas que esté excluida en la norma actual.

 

La libre identidad de género se ha configurado como un nuevo derecho humano derivado de valores como la dignidad y el desarrollo de la personalidad conforme a la identidad sexual, así como del derecho a la vida privada sin injerencias injustificadas y del derecho a la personalidad.

 

En este sentido, se han pronunciado la Asamblea General de la ONU sobre identidad de género y orientación sexual (2008), la Resolución del Parlamento Europeo que suscribe esta Declaración, los Principios de Yogyakarta (2007) y el Informe sobre Derechos Humanos Thomas Hanmarders (2009).

 

Así, la Resolución 2048 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, aprobada el 22 de abril de 2015 (15ª sesión) sobre “La discriminación contra las personas transexuales en Europa”, insta a instaurar procedimientos de reconocimiento de la identidad sexual basados en la libre determinación, así como a abolir el diagnóstico de salud mental.

 

Varias comunidades autónomas de España ya han acogido el principio de autodeterminación de la identidad sexual y otras están próximas a hacerlo a través de diferentes iniciativas legislativas. En Gran Canaria, diferentes colectivos trabajan desde hace tiempo para que se reconozca y respete este derecho.