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El Congreso aprueba que todas las personas con discapacidad puedan casarse sin presentar dictamen médico

  La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este martes por unanimidad una proposición de ley de modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para que las personas con discapacidad puedan contraer matrimonio sin necesidad de presentar un dictamen médico.   Esta proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular tras consensuarla con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que exigió la corrección del grave error cometido por el Gobierno, viene motivada por la reforma del Código Civil que implicó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria , que establece que “si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.

 

Tras la modificación que propone la iniciativa aprobada, el artículo 56 del Código Civil establece que ese dictamen médico solo será necesario “en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare alguna condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial”, de manera que ahora hace mención a cuestiones de salud y no de discapacidad.

 

En ese caso, antes de tener que solicitar un dictamen médico, la ley establece una serie de medidas de apoyo, de forma que “el letrado de la Administración de Justicia, el notario o el funcionario pueda recabar, si así lo considera, de las administraciones o de las entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad apoyos humanos, técnicos o materiales que faciliten la emisión, la interpretación o la recepción del consentimiento por parte del contrayente”.

DISCRIMINACIÓN

El portavoz del Grupo Popular en la comisión, Ignacio Tremiño, hizo hincapié en que de esta manera “conseguimos acabar además con la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad intelectual”. Se trata de la primera ocasión en que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad ejerce sus funciones legislativas.

Los demás grupos parlamentarios se mostraron a favor de tramitar esta ley por una cuestión de “justicia” y criticaron que esta reforma viene motivada por el “rodillo” que aplicó el Gobierno en la X Legislatura aprovechando su mayoría absoluta.

Sin embargo, la parlamentaria popular María Dolores Alba les afeó que cuando se aprobó esa reforma ningún grupo parlamentario se dio cuenta, por lo que aseguró que si fue una “chapuza”, fue “una chapuza colectiva y no solo de este grupo parlamentario”.

 

ENMIENDAS RECHAZADAS

 

Aprovechando esta modificación los grupos parlamentarios Vasco, de Esquerra y el PDECat presentaron varias enmiendas, en su mayoría destinadas a eliminar la figura del testigo que se exige a las personas ciegas a la hora de realizar el testamento, por considerar esta figura “paternalista” y “proteccionista”, pero finalmente fueron rechazadas con los votos en contra del PP y las abstenciones del PSOE y de Ciudadanos.

El diputado de ERC Joan Olòriz indicó que “desde hace años vienen produciéndose muchas protestas sobre esta situación y no se han producido cambios”, y que además “se está comprometiendo su derecho al sigilo”, y expresó su deseo de que se incorporen los medios técnicos y humanos para que “la presencia de testigos sea una posibilidad y no una obligación”.

Por su parte, los grupos parlamentarios no enmendantes señalaron que este es un tema que se deberá “abordar en profundidad” en un futuro, pero que este no era el objetivo inicial de la proposición.

El diputado de Ciudadanos Marcial Gómez manifestó que será conveniente escuchar lo que tiene que decir el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a este respecto.

 

FUENTE: SERVIMEDIA

 

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Un cambio legislativo obliga a la instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios

 

“Muchas personas no saben que es obligatorio para la comunidad facilitar la accesibilidad si hay un vecino con una discapacidad. No se ha hecho publicidad de estas modificaciones, pero esa persona impedida ahora está amparada por la ley”.

 

Vicente Magro Servet, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, colabora con colegios de arquitectos de España para explicar el cambio legislativo que obliga a la instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios y las dificultades técnicas y legales que se pueden encontrar en los inmuebles antiguos. 

-Las comunidades de vecinos siguen votando si se hacen obras o no, si se instalan ascensores o no… ¿No se sabe que la ley obliga ahora a hacerlo? 

-Muchas personas no saben que es obligatorio para la comunidad facilitar la accesibilidad si hay un vecino con una discapacidad. No se ha hecho publicidad de estas modificaciones, pero esa persona impedida ahora está amparada por la ley. 

-¿Cuándo cambió esto? 

-La legislación era antigua hasta 2013 porque no reconocía que era obligatorio eliminar las barreras arquitectónicas en los edificios antiguos e instalar ascensores y lo dejaba al albur de la junta de propietarios. Pero la nueva legislación es más proclive a la solidaridad para que sí se reconozca esa obligación de todos. 

-Vamos, que ya no hay nada que votar. 

-Efectivamente. La junta de propietarios votaba y si por mayoría salía que no se ponía un ascensor, o no se hacía una rampa o se instalaba una elevador, pues no se podía hacer nada. Ahora no existe esa posibilidad, sino que es una obligación. Basta que una persona con dificultad de movimiento lo solicite para que haya que hacerlo. 

– Supongamos un edificio antiguo con escalones para llegar hasta el ascensor. ¿Qué se puede hacer? 

-Si no se puede construir una rampa, porque no haya espacio o la inclinación sea excesiva, se puede poner una plataforma para salvar la escalera hasta el ascensor. Si aún así no es posible, habría que bajar el ascensor a la cota cero. 

-¿Y si ninguna de esas posibilidades es viable? 

-El último recurso es un ascensor en la vía pública, por la fachada del edificio. Previamente, debe existir, por supuesto, una petición expresa de un vecino con discapacidad y un informe de arquitectura debe certificar que es imposible actuar en el interior del edificio. Si eso es así, la Administración está obligada a ceder espacio público para su instalación por el exterior. 

– ¿Qué pasa si el ascensor no se puede poner porque no hay sitio para hacer la caja por unos metros? 

-Que se puede expropiar. Ya ha ocurrido que para instalar un ascensor se han tenido que expropiar unos metros de un local comercial o del piso de un vecino. Eso no se puede hacer, claro, si supone un daño insostenible en una vivienda o para el negocio afectado. Pero si no es así, la comunidad le indemniza y está obligado a ceder. 

-En cualquier caso, instalar un ascensor en un edificio tiene un coste muy elevado y en ese tipo de inmuebles suelen residir personas mayores que viven de sus pensiones. 

-Es cierto que es un problema, porque hay muchas personas que viven con pensiones muy bajas, que no pueden pagar una derrama, y que se encuentran con que tienen que hacer este tipo de obras que son muy gravosas para ellas. Por eso es necesario que, si hay una legislación que obliga a la solidaridad, la Administración sea la primera solidaria. 

– Sí, pero si se concede una subvención para hacer esas obras, como las de rehabilitación, se consideran ingresos y al hacer la declaración del IRPF computan y puede salir que un pensionista tenga encima que pagar . 

-Eso es cierto. Hombre, si la pensión es muy baja, aún con la ayuda no se pasaría del límite, pero también es verdad que las administraciones deben ser conscientes de que si trasladan la solidaridad a los vecinos, esta no debe recaer solo en los privados. La parte pública debería hacer su aportación. 

– ¿Por qué este cambio en la legislación? 

-Las asociaciones de personas discapacitadas han trabajado mucho en ese sentido, para que se reconozcan sus derechos. Y además, cada vez se prolonga más la vida y hay muchas personas mayores con necesidades que obligan a mejoras que antes no se contemplaban. 

-No hace falta ser mayor. Los cochecitos de los bebés… Si uno se rompe una pierna… 

-Tiene toda la razón del mundo. La legislación no contempla estos casos. Y se han dado situaciones vergonzantes, como un señor que vivía en un ático y tuvo un accidente grave que le impedía salir a la calle y quedó literalmente secuestrado en la calle. Le subían la comida con una polea por la ventana. Eso es tercermundista, pero la legislación estaba en su contra, los vecinos no querían hacer la inversión y le decían que vendiera el piso y se cambiara de casa. El hombre había heredado ese piso y era lo único que tenía y su situación era terrible. Este tipo de cosas no se deberían consentir, de ahí que se abogue también por la solidaridad dentro de las comunidades.

 

 

Fuente: www.laopinioncoruna.es

 

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El Cabildo grancanario se ilumina de azul en apoyo a las personas con Trastorno del Espectro del Autismo

 

El Cabildo de Gran Canaria ha iluminado su fachada de azul para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se celebra el 2 de abril, y en apoyo a la campaña “Rompamos juntos la barrera del autismo. Hagamos una sociedad accesible” organizada por las asociaciones de personas con Trastorno del  Espectro del Autismo, informó la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Máñez.

 

“Con esta iniciativa ayudamos a visibilizar el trastorno del espectro del autismo y apoyamos a las asociaciones que luchan día a día por los derechos y la inclusión de las personas con autismo”, añadió.

 

El encendido estuvo precedido por la lectura de un manifiesto por parte de los representantes de las asociaciones para que se conozcan las  barreras  a  las  que  se  enfrentan las personas con Trastorno del Espectro del  Autismo porque  eso  permitirá  una  mejor adaptación a sus necesidades y reforzará la inclusión del colectivo en todos los ámbitos de la sociedad.

 

Las propias características del autismo, junto a las barreras presentes en el entorno, hacen que las personas con este trastorno se enfrenten a diario a dificultades para comprender y responder de manera adaptativa a las circunstancias.

 

Para las asociaciones, a pesar de los avances conseguidos, no se dan las condiciones necesarias para superar las barreras, principalmente  cognitivas  y  sociales,  por lo que reclaman que se establezcan las medidas necesarias para favorecer el disfrute efectivo del derecho a acceder a todos los bienes y servicios de la sociedad en igualdad de condiciones.

 

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