Lola Padrón, el Círculo de Amigos contra el SIDA y Caipsho han recibido el premio en esta nueva edición.

 

Hace quince años Darío Jaén, vinculado al turismo, al activismo LGTB y a la militancia socialista en San Bartolomé de Tirajana, propuso la celebración de un evento que fuera reivindicativo en relación con los derechos de las personas LGTB y que respondiera a la necesidad de salvar la baja ocupación turística del mes de mayo y así abrir el circuito europeo de las celebraciones del Orgullo Gay de entonces.

 

Su muerte prematura hizo que los socialistas del sur de Gran Canaria crearan estos premios en honor a su memoria, a la causa LGTB y al turismo gay.

Los Juegos Insulares para la Inclusión acogerán 650 personas usuarias de los centros de atención a la discapacidad.

 

Más de 650 personas usuarias de los centros de atención a la discapacidad de Gran Canaria participarán en los Juegos Insulares para la Inclusión Social 2017, un proyecto de la Coordinadora de Centros Ocupacionales de Las Palmas financiado Cabildo en el marco del Plan por la Inclusión Social, informó ayer la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Máñez.

 

El objetivo del evento, que se celebrará el día 18 de mayo en la Ciudad Deportiva Gran Canaria, es promover la inclusión social a través de la competición deportiva, destacó la consejera junto al presidente de la Coordinadora (Compsi), Pedro Rodríguez.

 

“Si hay un ámbito que juega un papel importante para hacer efectiva la inclusión social, ese es el deporte, una herramienta fundamental tanto desde el punto de vista de la rehabilitación como para la autoestima y el autoreconocimiento de las personas con discapacidad”, agregó.

 

Se trata al mismo tiempo de visibilizar sus capacidades y favorecer el reconocimiento de sus familiares y de la sociedad en general. “El deporte contribuye a desestigmatizar la discapacidad y a que pongamos la capacidad en primer lugar”, precisó la consejera.

 

Los Juegos comenzarán a las 9 de la mañana con el desfile de las personas participantes en el que un representante de cada colectivo de la discapacidad portará la bandera olímpica hasta su izado. Seguidamente se proclamará el juramento olímpico por parte de un deportista y un juez y al recorrido de la antorcha olímpica por la pista también de manos de un representante de cada colectivo hasta su colocación en el pebetero.

 

Después comenzarán las competiciones de atletismo en diferentes velocidades, lanzamiento de peso con tres niveles, salto de longitud por categorías masculina y femenina, salto de altura también en ambas categorías masculina y femenina, lanzamiento de disco con tres niveles y notación en las modalidades de 25 y 50 metros crol y 50 metros espalda, y baloncesto y fútbol sala en niveles medio y bajo.

 

Además de las personas usuarias de un total de 32 centros de toda la Isla se darán cita alrededor de 50 técnicos, alumnado de los centros de formación y las familias.

 

“Va a ser un gran día para la discapacidad, un gran acto de convivencia en el que tendremos la oportunidad de visibilidad las capacidades de las personas con discapacidad”, resalto Pedro Rodríguez.

 

Estos Juegos garantizan el derecho de las personas con discapacidad a la práctica deportiva y procuran un espacio de ocio y actividades lúdicas y recreativas en el que crear relaciones, mejorar sus habilidades sociales, sus capacidades cognitivas y su integración.

 

Por último, Máñez agradeció el trabajo que realiza la asociación COMPSI en éste y otros proyectos y animó a la ciudadanía a acudir al evento que será abierto al público.

 

El Cermi Canarias Cermi Estatal mantuvo una reunión del más alto nivel, el pasado 10 de mayo, con el grupo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria presidido por D. Antonio Morales.

 

El objeto de la reunión no era otra que pedir un seguimiento sobre la accesibilidad universal en las obras del Plan Transforma #GranCanaria y trabajar la discapacidad de manera transversal en todas las áreas del Gobierno Insular.

 

El Presidente del #Cabildo junto a sus Consejeros-as se ha comprometido con la accesibilidad universal en las obras del Plan Transforma Gran Canaria.

 

La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez, se ha comprometido con el Ayuntamiento de Moya a defender en el Convenio de la Dependencia con el Ejecutivo regional las plazas para el nuevo centro de mayores que el Ayuntamiento construirá en el municipio.

 

El compromiso pretende dar respuesta a las necesidades de Mayores y Dependencia de la Comarca Norte, aunque es el Gobierno regional el que tiene la última palabra pues debe cofinanciar la parte que le corresponde, subrayó Máñez en una visita al municipio junto al alcalde, Hipólito Suárez, y la concejala de Política Social, Elsa Maroto, para conocer las necesidades de la Villa y hacer un recorrido por el centro de mayores y el centro ocupacional.

 

“La FECAM y la FECAI tienen que realizar un pulso común y comprometerse para cambiar el modelo de la Dependencia y actualizarlo a la realidad de los municipios”, afirmó.

 

En esta misma línea, recalcó la necesidad de planificar con visión de futuro pues la lista de espera actual no es real, ya que solo están contabilizadas las personas incluidas en el Plan Individualizado de Atención y no las que aún están pendientes de valoración por parte del Gobierno de Canarias.

 

La nueva residencia, que el Ayuntamiento comenzará a construir el próximo año, tendrá capacidad para dispensar cuidados y atención integral a 124 personas mayores con segundo o tercer grado de dependencia, de las cuales 94 plazas serán residenciales y 30 de atención diurna, con recursos dirigidos a mejorar su autonomía, desarrollo personal e integración en el medio social, favoreciendo a su vez la permanencia en el entorno social y familiar.

 

“Paso a paso va cogiendo forma este proyecto tan necesario para los mayores moyenses y de la Comarca Norte de Gran Canaria, a quienes tenemos la obligación moral de dar todo el cariño y atención que se merecen en esta última etapa de su vida”, defendió el alcalde.

 

En el régimen de atención residencial y sociosanitaria ofrecerá alojamiento y manutención, servicio de lavandería y limpieza, higiene y aseo personal, asistencia sanitaria de baja complejidad técnica, y actuaciones preventivas y rehabilitadoras permanentes.

 

Además ofrecerá cuidados de enfermería continuados, control y seguimiento médico periódico, entrenamiento en habilidades personales y sociales, y cauces de participación en las actividades de ocio y culturales que se desarrollen en el municipio.

La consejera Elena Máñez destacó la necesidad de incrementar el número de plazas, pero también matizó que no es un problema solo cuantitativo sino cualitativo de cara a la implantación de nuevos modelos de atención centrados en la persona para mejorar la calidad de la atención.

La Consejería de Política Social y Accesibilidad destina este año al municipio de Moya un total de 617.000 euros, de los cuales 99.000 tendrán como fin los programas de Servicios Sociales y 518.000 para Dependencia.

Además, destinará al municipio 151.000 euros en el marco del Programa de Colaboración para la Prestación de Servicios Sociales Básicos y Especializados, para proyectos de Intervención con Familia e Infancia e Intervención Integral con Mayores para las anualidades de 2017 y 2018.

 

  La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados aprobó este martes por unanimidad una proposición de ley de modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria para que las personas con discapacidad puedan contraer matrimonio sin necesidad de presentar un dictamen médico.   Esta proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular tras consensuarla con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que exigió la corrección del grave error cometido por el Gobierno, viene motivada por la reforma del Código Civil que implicó la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria , que establece que “si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el secretario judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento”.

 

Tras la modificación que propone la iniciativa aprobada, el artículo 56 del Código Civil establece que ese dictamen médico solo será necesario “en el caso excepcional de que alguno de los contrayentes presentare alguna condición de salud que de modo evidente, categórico y sustancial pueda impedirle prestar el consentimiento matrimonial”, de manera que ahora hace mención a cuestiones de salud y no de discapacidad.

 

En ese caso, antes de tener que solicitar un dictamen médico, la ley establece una serie de medidas de apoyo, de forma que “el letrado de la Administración de Justicia, el notario o el funcionario pueda recabar, si así lo considera, de las administraciones o de las entidades de iniciativa social de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad apoyos humanos, técnicos o materiales que faciliten la emisión, la interpretación o la recepción del consentimiento por parte del contrayente”.

DISCRIMINACIÓN

El portavoz del Grupo Popular en la comisión, Ignacio Tremiño, hizo hincapié en que de esta manera “conseguimos acabar además con la discriminación histórica que han padecido las personas con discapacidad intelectual”. Se trata de la primera ocasión en que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad ejerce sus funciones legislativas.

Los demás grupos parlamentarios se mostraron a favor de tramitar esta ley por una cuestión de “justicia” y criticaron que esta reforma viene motivada por el “rodillo” que aplicó el Gobierno en la X Legislatura aprovechando su mayoría absoluta.

Sin embargo, la parlamentaria popular María Dolores Alba les afeó que cuando se aprobó esa reforma ningún grupo parlamentario se dio cuenta, por lo que aseguró que si fue una “chapuza”, fue “una chapuza colectiva y no solo de este grupo parlamentario”.

 

ENMIENDAS RECHAZADAS

 

Aprovechando esta modificación los grupos parlamentarios Vasco, de Esquerra y el PDECat presentaron varias enmiendas, en su mayoría destinadas a eliminar la figura del testigo que se exige a las personas ciegas a la hora de realizar el testamento, por considerar esta figura “paternalista” y “proteccionista”, pero finalmente fueron rechazadas con los votos en contra del PP y las abstenciones del PSOE y de Ciudadanos.

El diputado de ERC Joan Olòriz indicó que “desde hace años vienen produciéndose muchas protestas sobre esta situación y no se han producido cambios”, y que además “se está comprometiendo su derecho al sigilo”, y expresó su deseo de que se incorporen los medios técnicos y humanos para que “la presencia de testigos sea una posibilidad y no una obligación”.

Por su parte, los grupos parlamentarios no enmendantes señalaron que este es un tema que se deberá “abordar en profundidad” en un futuro, pero que este no era el objetivo inicial de la proposición.

El diputado de Ciudadanos Marcial Gómez manifestó que será conveniente escuchar lo que tiene que decir el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) a este respecto.

 

FUENTE: SERVIMEDIA

 

 

“Muchas personas no saben que es obligatorio para la comunidad facilitar la accesibilidad si hay un vecino con una discapacidad. No se ha hecho publicidad de estas modificaciones, pero esa persona impedida ahora está amparada por la ley”.

 

Vicente Magro Servet, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, colabora con colegios de arquitectos de España para explicar el cambio legislativo que obliga a la instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios y las dificultades técnicas y legales que se pueden encontrar en los inmuebles antiguos. 

-Las comunidades de vecinos siguen votando si se hacen obras o no, si se instalan ascensores o no… ¿No se sabe que la ley obliga ahora a hacerlo? 

-Muchas personas no saben que es obligatorio para la comunidad facilitar la accesibilidad si hay un vecino con una discapacidad. No se ha hecho publicidad de estas modificaciones, pero esa persona impedida ahora está amparada por la ley. 

-¿Cuándo cambió esto? 

-La legislación era antigua hasta 2013 porque no reconocía que era obligatorio eliminar las barreras arquitectónicas en los edificios antiguos e instalar ascensores y lo dejaba al albur de la junta de propietarios. Pero la nueva legislación es más proclive a la solidaridad para que sí se reconozca esa obligación de todos. 

-Vamos, que ya no hay nada que votar. 

-Efectivamente. La junta de propietarios votaba y si por mayoría salía que no se ponía un ascensor, o no se hacía una rampa o se instalaba una elevador, pues no se podía hacer nada. Ahora no existe esa posibilidad, sino que es una obligación. Basta que una persona con dificultad de movimiento lo solicite para que haya que hacerlo. 

– Supongamos un edificio antiguo con escalones para llegar hasta el ascensor. ¿Qué se puede hacer? 

-Si no se puede construir una rampa, porque no haya espacio o la inclinación sea excesiva, se puede poner una plataforma para salvar la escalera hasta el ascensor. Si aún así no es posible, habría que bajar el ascensor a la cota cero. 

-¿Y si ninguna de esas posibilidades es viable? 

-El último recurso es un ascensor en la vía pública, por la fachada del edificio. Previamente, debe existir, por supuesto, una petición expresa de un vecino con discapacidad y un informe de arquitectura debe certificar que es imposible actuar en el interior del edificio. Si eso es así, la Administración está obligada a ceder espacio público para su instalación por el exterior. 

– ¿Qué pasa si el ascensor no se puede poner porque no hay sitio para hacer la caja por unos metros? 

-Que se puede expropiar. Ya ha ocurrido que para instalar un ascensor se han tenido que expropiar unos metros de un local comercial o del piso de un vecino. Eso no se puede hacer, claro, si supone un daño insostenible en una vivienda o para el negocio afectado. Pero si no es así, la comunidad le indemniza y está obligado a ceder. 

-En cualquier caso, instalar un ascensor en un edificio tiene un coste muy elevado y en ese tipo de inmuebles suelen residir personas mayores que viven de sus pensiones. 

-Es cierto que es un problema, porque hay muchas personas que viven con pensiones muy bajas, que no pueden pagar una derrama, y que se encuentran con que tienen que hacer este tipo de obras que son muy gravosas para ellas. Por eso es necesario que, si hay una legislación que obliga a la solidaridad, la Administración sea la primera solidaria. 

– Sí, pero si se concede una subvención para hacer esas obras, como las de rehabilitación, se consideran ingresos y al hacer la declaración del IRPF computan y puede salir que un pensionista tenga encima que pagar . 

-Eso es cierto. Hombre, si la pensión es muy baja, aún con la ayuda no se pasaría del límite, pero también es verdad que las administraciones deben ser conscientes de que si trasladan la solidaridad a los vecinos, esta no debe recaer solo en los privados. La parte pública debería hacer su aportación. 

– ¿Por qué este cambio en la legislación? 

-Las asociaciones de personas discapacitadas han trabajado mucho en ese sentido, para que se reconozcan sus derechos. Y además, cada vez se prolonga más la vida y hay muchas personas mayores con necesidades que obligan a mejoras que antes no se contemplaban. 

-No hace falta ser mayor. Los cochecitos de los bebés… Si uno se rompe una pierna… 

-Tiene toda la razón del mundo. La legislación no contempla estos casos. Y se han dado situaciones vergonzantes, como un señor que vivía en un ático y tuvo un accidente grave que le impedía salir a la calle y quedó literalmente secuestrado en la calle. Le subían la comida con una polea por la ventana. Eso es tercermundista, pero la legislación estaba en su contra, los vecinos no querían hacer la inversión y le decían que vendiera el piso y se cambiara de casa. El hombre había heredado ese piso y era lo único que tenía y su situación era terrible. Este tipo de cosas no se deberían consentir, de ahí que se abogue también por la solidaridad dentro de las comunidades.

 

 

Fuente: www.laopinioncoruna.es

 

 

El Cabildo de Gran Canaria ha iluminado su fachada de azul para conmemorar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo que se celebra el 2 de abril, y en apoyo a la campaña “Rompamos juntos la barrera del autismo. Hagamos una sociedad accesible” organizada por las asociaciones de personas con Trastorno del  Espectro del Autismo, informó la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Máñez.

 

“Con esta iniciativa ayudamos a visibilizar el trastorno del espectro del autismo y apoyamos a las asociaciones que luchan día a día por los derechos y la inclusión de las personas con autismo”, añadió.

 

El encendido estuvo precedido por la lectura de un manifiesto por parte de los representantes de las asociaciones para que se conozcan las  barreras  a  las  que  se  enfrentan las personas con Trastorno del Espectro del  Autismo porque  eso  permitirá  una  mejor adaptación a sus necesidades y reforzará la inclusión del colectivo en todos los ámbitos de la sociedad.

 

Las propias características del autismo, junto a las barreras presentes en el entorno, hacen que las personas con este trastorno se enfrenten a diario a dificultades para comprender y responder de manera adaptativa a las circunstancias.

 

Para las asociaciones, a pesar de los avances conseguidos, no se dan las condiciones necesarias para superar las barreras, principalmente  cognitivas  y  sociales,  por lo que reclaman que se establezcan las medidas necesarias para favorecer el disfrute efectivo del derecho a acceder a todos los bienes y servicios de la sociedad en igualdad de condiciones.

 

 

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha un proyecto pionero de educación parental destinado a familias en situación de vulnerabilidad o riesgo psicosocial en los 10 municipios de Gran Canaria con más menores en situación de riesgo declarado, a la vez que ha iniciado unas jornadas sobre parentalidad positiva para personal técnico de los servicios sociales municipales.El objetivo del proyecto, con un presupuesto de 40.000 euros y enmarcado en el Plan por la Inclusión Social del Cabildo, es trabajar con las familias para prevenir situaciones que generen el desamparo de los menores, informó la consejera de Política Social y Accesibilidad, Elena Máñez, en la presentación del proyecto junto al profesor y presidente de la asociación Hestia para la intervención e investigación familiar psicoeducativa y social, Juan Carlos Martín.Profesionales de la asociación Hestia en coordinación con los servicios sociales municipales trabajarán con las familias seleccionadas cuyos hijos e hijas están en la etapa de la adolescencia, apoyando y potenciando la tarea de ser padres y la vivencia positiva de la adolescencia.Máñez adelantó que actualmente hay  400 menores declarados en desamparo en la red de acogida insular y resaltó que la prevención es uno de los aspectos más abandonados en el ámbito de la Infancia y la Familia.“Dotar de herramientas a los padres y las madres, reconociendo también la diversidad de los modelos familiares, para que desde sus fortalezas puedan contribuir de forma positiva a prevenir estas situaciones es la mejor vía para evitar la desprotección de los menores y garantizar sus derechos”, añadió.

El profesor Juan Carlos Martín, con una amplia experiencia en educación parental e intervención familiar tanto desde el ámbito de la docencia como en la investigación y la intervención, detalló que la intervención con las familias se centrará en cuestiones como reforzar en los padres y madres los vínculos afectivos con los hijos, la supervisión educativa, el establecimiento de normas flexibles, y que incluyan a los menores en la toma de decisiones importantes.

“La base del ejercicio positivo de la parentalidad es la afectividad, las muestras de afecto y por supuesto sin ningún tipo de violencia”, agregó.

 

Como refuerzo a esta actuación, el Cabildo ha iniciado hoy las jornadas formativas sobre parentalidad positiva en las que participan 40 profesionales de los servicios sociales municipales de los equipos de Infancia y Familia, 2 técnicos de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno de Canarias y 2 policías nacionales de la Unidad de Infancia y Familia, impartidas por el propio Juan Carlos Martín.

 

“La parentalidad positiva es el comportamiento adecuado de los padres, madres o cuidadores que permita satisfacer las necesidades básicas de los menores y desarrollar sus capacidades”, detalló Martín.

 

La formación en parentalidad positiva dotará a los equipos profesionales de herramientas de trabajo y les permitirá poner en común los criterios de actuación. “El objetivo es que puedan ayudar a los padres, madres o cuidadores a mejorar sus competencias parentales”, concluyó.

 

 

La nueva biblioteca de la asociación Adepsi es resultado de un microproyecto pionero en Canarias, orientado a la mejora de la autodeterminación y la calidad de vida de las personas con diversidad funcional que, junto a apoyos profesionales y familiares, han hecho realidad este espacio.

 

La biblioteca accesible y adaptada se abrió hace unas semanas tras meses de trabajo a partir de la participación de Adepsi en una iniciativa de ámbito nacional que se viene desarrollando desde el pasado año, impulsado por Plena Inclusión, una entidad que aglutina a las 58 organizaciones del sector en España, y el Instituto de Investigación en Desarrollo Organizacional y Calidad de Vida Laboral (Idocal) de la Universidad de Valencia.

 

Más información: goo.gl/sXh2Ky

 

 

La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Elena Máñez, se reunió este viernes con alcaldes y responsables municipales para conocer sus necesidades en materia de infraestructuras sociosanitarias para valorarlas de cara a ser incluidas en el Plan Insular de Infraestructuras Sociosanitarias.

 

“Es necesario lograr un compromiso del Gobierno de Canarias para que si el Plan se pone en marcha, estén conveniadas el número de plazas sociosanitarias que se necesitan. Si no, corremos el riesgo de que nos veamos con infraestructuras pero con plazas fuera del convenio”, explicó Elena Máñez a los responsables municipales.

 

Los consistorios deberán informar de sus prioridades y necesidades para los próximos 5 años. En cualquier caso, “no hay que perder de vista que las miras deben estar puestas a 20 años vista porque los retrasos en la planificación los estamos sufriendo en la actualidad”. La Consejería de Política Social y Accesibilidad se encargará de coordinar las necesidades municipales para atender la demanda insular.

 

Al Gobierno de Canarias le solicitará una cuantía anual de al menos el 50 por ciento, para asumir las necesidades que se incluyan en el Plan Insular de Infraestructuras, agregó.

 

La falta de planificación de un modelo de gestión que atienda la necesidad de crecimiento en plazas e infraestructuras necesarias ocasiona al Cabildo dificultad para ajustar oferta y demanda. La oferta actual no se corresponde con las necesidades existentes.

 

“Vamos con un déficit permanente de planificación. Solo se ha tenido en cuenta la infraestructura existente para la creación de nuevas plazas sin atender al incremento de la esperanza de vida o la tasa de envejecimiento”, manifestó.

 

Tanto los responsables municipales como la consejera, destacaron en el encuentro la necesidad urgente de trabajar en los modelos de promoción de la autonomía personal con programas de carácter comunitario, con servicios que permitan mantener a las personas en sus domicilios durante más tiempo, con una atención cercana y favorecedora de una mayor vida autónoma. “Otro de los déficits que arrastra el desarrollo de la Ley de la Dependencia en Canarias”, apostilló Máñez.

 

“La implantación del sistema en Canarias arrastra este déficit desde su implantación. Se tiende a la inmediatez y no se planifica con visión de futuro. No ha habido planificación en el pasado para cubrir adecuadamente las necesidades del presente. Con este Plan queremos atender el presente pero también asumir las necesidades de futuro que permitan paliar el déficit y marcar un horizonte claro”, concluyó la consejera Elena Máñez.